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Microsoft y el Instituto de Ciencia Política presentan estudio

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Corría el mes de mayo del 2020, en medio del ambiente de la contingencia sanitaria que se vivía a nivel mundial, cuando la Corte Suprema de Justicia convocó una serie de eventos virtuales para socializar el recientemente aprobado Decreto Legislativo 806 de 2020 que incorporaba una serie de estrategias para garantizar el funcionamiento de la justicia digital. En medio de las conversaciones, la intervención de una jueza de Vichada llamó la atención de Daniel Castaño, docente e investigador en regulación y nuevas tecnologías de la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. La funcionaria relataba cómo en su despacho no contaban con un flujo estable de energía eléctrica ni tampoco con servicio de internet, por lo cual debía gestionar más del 90% de sus funciones desde su teléfono móvil. Desafortunadamente este no es un caso aislado, sino que hace parte de la cotidianidad de muchos jueces y litigantes de regiones apartadas de Colombia, en donde el acceso a la tecnología y a la conectividad siguen siendo limitados.

 

Sin embargo, esta no es la única barrera que dificulta el acceso a Justicia como un derecho fundamental. De acuerdo con La Corporación Excelencia En Justicia (CEJ), a cierre del 2020 reposaban más de 1.8M de procesos en los despachos judiciales sin presentar mayores avances, una congestión provocada por el cambio procesal ocasionado por la pandemia y que podría significar el colapso del mismo sistema. En Colombia hay sólo 11 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el parámetro ideal internacional es de 65 por cada 100 mil, según la Corporación de Excelencia en la Justicia. Sumado a esto, 57% de los departamentos del país se clasifica en niveles altos o elevados de impunidad, de acuerdo con el índice Global de Impunidad del 2019.

 

Y, a pesar de que la pandemia pudo haber acusado un colapso del sistema judicial, paradójicamente, gracias a la intensificación del uso de las tecnologías de la información, durante el 2020 aumentó la productividad de las Altas Cortes, el sector ahorró cerca de 5.396 millones y las audiencias virtuales aumentaron en un 2854%, pasando de 29.000 en 2019 a 856.756 en 2020, revelan datos del Instituto de Ciencia Política (ICP.)

Habiendo reflexionado sobre el caso de la Jueza de Vichada y las preocupantes cifras sobre el bajo desempeño del sistema judicial colombiano, el profesor Daniel Castaño, auspiciado por Microsoft, y acompañado en el proceso de validación del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, se dio a la tarea de trabajar en el documento que hoy se presenta a la opinión pública y a los tomadores de decisión: «Justicia como servicio digital».

El estudio propone algunas ideas para contribuir al diseño y operación de un sistema digitalmente nativo en Colombia; trasciende las barreras de un documento diagnóstico y hace propuestas concretas para seguir avanzando por la senda de la digitalización, considerando que es esta la vía más adecuada para garantizar un mejor servicio de justicia a los colombianos; así lo dejó en evidencia cuando su autor, Daniel Castaño, afirmo que «la implementación de un sistema 100% digital apalancado de soluciones como la nube y la inteligencia artificial permitiría reducir la alta litigiosidad, al tiempo que ayudaría a fortalecer la accesibilidad y transparencia de nuestro sistema de justicia, tres pilares de vital importancia para lo que hoy necesita Colombia».

 

Lo cierto es que, al sistema judicial, el uso de las TIC le ha dejado una experiencia positiva, que, implementado correctamente, podría resultar beneficioso en el largo plazo. Hoy por hoy, entre 39% y el 59% de los casos que llevan los magistrados son procesos que aún no han tenido respuesta y que la adopción tecnológica puede ayudar a solucionar. Sin embargo, el estudio da una mirada detenida a los retos y desafíos de un nuevo modelo que atraviese las barreras de lo analógico y en donde el uso de la tecnología no sólo sea instrumental.

 

Mucho más que audiencias virtuales

 

Los principios de la justicia como servicio digital van encaminados a emplear a la tecnología para humanizar el sistema y donde se priorice el acceso, la igualdad procesal y la inclusión. Contrario sensu a lo que se ha pensado desde hace unos años, la implementación de la justicia digital va más allá del uso del correo electrónico o realizar audiencias virtuales. En definitiva, como bien lo afirmó Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, «la justicia no es un derecho exclusivo, todas las personas y comunidades rurales tienen que poder acceder a ella sin diferencia, ejercer su poder como ciudadanos colombianos en corto tiempo y sin fricción». Para ello, considerando que, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane sólo de cada 10 hogares en zonas rurales tiene acceso a internet, la superación de los retos en materia de conectividad y el desarrollo de habilidades digitales, debe ser una prioridad.

 

En ese mismo sentido también se expresó Andrés Rengifo, Director de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft para la región Andina Sur: «Este estudio nos muestra cómo a través de una implementación estructurada y completa de la tecnología se pueden lograr cambios profundos en nuestro sistema de administración de justicia. Aunque para esto existen retos aun importantes por resolver relacionados con la conectividad, el fomento del uso de las TIC desde las Universidades, la digitalización de los expedientes, la generación de un marco tecnológico unificado para todo el sistema de justicia y el impulso del uso de las Tics por parte de los funcionarios de la rama judicial; esta visión de la tecnología proyecta su uso como articulador de la solución de viejos problemas que han afectado a la administración de justicia actual».

Además, a lo largo del estudio y las mesas de trabajo que se realizaron en el marco del proyecto, quedó en evidencia que la tecnología no debe servir únicamente para gestionar o automatizar los trámites legales existentes, sino también para crear instituciones, procesos y métodos que permitan avanzar hacia un modelo de administración de justicia digitalmente nativo que sea transparente, accesible, rápido y eficiente. Para tal efecto, este documento propone que, con el fin de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, el diseño y operación del ciberespacio judicial debe observar los principios de equivalencia funcional, autenticidad, integridad, accesibilidad, interoperabilidad, debido proceso, privacidad y seguridad de la información.

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